Quito, 8 sep (EFE).- La Fiscalía de Ecuador acusó hoy a dos antiguos altos cargos de la cartera de Economía de malversar dinero público en las negociaciones de la deuda exterior del país durante el Gobierno del conservador Sixto Durán Ballén (1992-1996).
La Fiscalía acusó de "peculado" o desviación de dinero público al ex ministro de Economía Mario Ribadeneira, que ejerció el cargo en 1996, así como a Ana Lucía Armijos, que entonces era presidenta de la Junta Monetaria, organismo que regía la macroeconomía.
Ambas ex autoridades fueron colaboradoras claves en el manejo de la economía y la deuda externa durante el Gobierno de Ballén, aunque Armijos también llegó a ser ministra del Interior y de Finanzas en 1999, durante el Gobierno del democristiano Jamil Mahuad (1998-2000).
La causa se basa en el análisis e investigación de un informe elaborado en 2008 por una Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público, que estudió los procesos de contratación y negociación de la deuda externa en los últimos 30 años.
Una fuente del Ministerio Público precisó a Efe que esa entidad ha solicitado a la Corte Nacional de Justicia que fije el día y la hora para una audiencia, en la que la Fiscalía prevé formular los cargos a los imputados.
Añadió que esa audiencia podría darse la próxima semana, aunque explicó que ello dependerá de la decisión que adopte la Corte, a la que también se ha pedido que notifique a los imputados y a los actuales contralor (juez de cuentas del Estado), Carlos Pólit, y al procurador (abogado del Estado), Diego García.
En la audiencia pública, el fiscal general, Washington Pesántez, prevé presentar pruebas de las supuestas "graves irregularidades" cometidas en los procesos de negociación de la deuda exterior.
El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, creó en 2007 una comisión para investigar los pormenores de las negociaciones de la deuda exterior del país en las últimas tres décadas, por considerar que varios procesos eran ilegítimos y que habían perjudicado al Estado.
Ese estudio le valió para declarar ilegítimos unos tramos de la deuda comercial, especialmente los Bonos Global 2012 y 2030, cuyos intereses se negó a pagar a finales de 2008 y que renegoció en 2009 con los acreedores privados, de los que obtuvo un fortísimo descuento.
